LA VIOLENCIA SEXUAL
La violencia sexual representa la apropiación del cuerpo y la sexualidad de las mujeres en una forma directa, sin mediación, y el hecho de que la ejecuten tanto varones conocidos como desconocidos, deja ver que el sentido de propiedad se extiende del colectivo masculino al conjunto de las mujeres. Por el solo hecho de ser mujer, cualquier mujer se encuentra en riesgo de ser atacada sexualmente por un varón, un grupo de varones; sean éstos conocidos o no, por pandillas de violadores, (CARCEDO Ana; 2010: 19), la insurgencia, la fuerza pública o los paramilitares.
En lo referente a la violencia sexual, como se puede ver en la Gráfica No 3, 119.870 mujeres fueron las principales víctimas en el periodo estudiado, presentando un constante ascenso: pasando en los ocho años analizados, de 14.421 en 2002 a 21.288 en 2009 . En los departamentos y en las regiones referenciadas también se dio un incremento significativo de los hechos de violencia sexual denunciados. Como se muestra en la Tabla No 3, departamentos como Antioquia, Putumayo, Valle del Cauca, así como la ciudad de Bogotá, presentaron los mayores incrementos en los hechos de violencia sexual denunciados. Los departamentos restantes mostraron una reducción leve de los hechos. En los nueve departamentos analizados durante el periodo 2005 - 2009, las mujeres fueron víctimas de violencia sexual en más del 60% de los casos denunciados en el país.
Es importante precisar que con las cifras obtenidas para el presente trabajo no se puede concluir que se incrementó la violencia sexual en contra de las mujeres, dado que no se dispone de una línea base que permita establecer cuántas mujeres son víctimas de violencia sexual y de esas cuántas no denuncian. Así mismo, no se puede establecer si el incremento en la denuncia corresponde a un incremento en los hechos de violencia sexual en contra de las mujeres. Sin embargo, estudios a nivel internacional muestran que en sociedades militarizadas se incrementa la violencia sexual, y que a mayor toma de conciencia de las mujeres los varones se resisten a estos cambios y utilizan la violencia como una forma de “disciplinarlas, castigarlas y traerlas nuevamente al redil del patriarcado”.
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VER TABLA 3
Por grupos etarios, las niñas entre los 0 y 17 años de edad son el grupo de más alto riesgo frente a la ocurrencia del delito sexual, las cuales corresponden al 84% de los casos. En el grupo de las mujeres menores de edad, las ubicadas entre los 10 a 14 años representan el 36% del total de casos; el 13% fue practicado a mujeres adultas de 18 a 39 años, y las mayores de 40 años representan el 1%.
Como lo muestran las cifras, las mujeres desde la niñez están expuestas a las violencias; a los 0 años se inicia el continuum de violencias en contra de ellas. Son diversas y complejas las situaciones que fortalecen, reproducen y re-crean estas violencias, siendo fundamental los valores y estereotipos de la cultura patriarcal que socializa a varones y mujeres en roles diferenciados y en relaciones de subordinación, opresión y explotación entre varones y mujeres. Para lograr que se perpetúe y reproduzca el patriarcalismo es necesario también la victimización sexual y su amenaza; útiles para mantener intimidada a la mujer. Inevitablemente, el proceso comienza en la infancia con la victimización de la niña.
Existen otros mecanismos en la reproducción del sistema socio-sexual patriarcal y uno de ellos es el derecho legitimado y naturalizado que los padres y tutores tienen para utilizar la violencia física y emocional o sexual como medio eficaz de control y socialización. Se reproducen así generación tras generación estos atentados en contra de la integridad y la autonomía de las niñas; pero quizás lo más grave es que las niñas y los niños sufren esta violencia con escasas posibilidades de escapar de ella, la internalizan y muchas veces la reproducen eficazmente; cerrándose así el círculo que garantiza su permanencia en todas las instancias sociales y en todas las épocas.
La investigación no indaga sobre el impacto de la violencia sexual en la vida de las niñas, pero es una realidad que en sus cuerpos quedan los traumas, los miedos, los embarazos no deseados, las inseguridades y los dolores. Por lo demás, es también una situación generalizada que la mayoría de las niñas debe continuar viviendo bajo el mismo techo de su violador ya sea porque éste la amenaza, no le creyeron o por el silencio cómplices de la familia para evitar el escándalo y, en muchas ocasiones por la dependencia económica del victimario. Generalmente no se les brinda una atención oportuna e integral a las niñas víctimas de la violencia sexual, por lo que tienen que vivir en soledad y en silencio estos atropellos. Ante esta crítica situación el Estado colombiano y la sociedad parecen indiferentes y no se llevan a cabo acciones que protejan a las niñas de sus victimarios y las acompañen en la ardua tarea de reconstruir sus vidas.
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Así mismo, como puede observarse en la tabla No. 4.1, el principal presunto agresor de esta forma de violencia es algún miembro del círculo cercano a la mujer. De esta manera, en las categorías familia, pareja, ex pareja y amigos cercanos se concentra el 34% de los casos. El 13,7% de los casos registran como presunto agresor a algún conocido (compañero de estudio, de trabajo, profesores, encargados del menor, entre otros). El 7,8% de los casos registra como presunto agresor a algún desconocido así haya sido posible su identificación por parte de la persona valorada (desconocidos, grupos guerrilleros, grupos delincuencia organizada, delincuencia común entre otros). Es relevante dar cuenta, por un lado, del incremento mayor al 50% en los casos en los cuales los principales responsables son la pareja, la ex pareja, compañeros de estudio o los miembros de las fuerzas armadas y de policía, y por otro lado, de que se presenta para el año 2009, una reducción de más del 60% en aquellos casos en los que no se identifica al presunto agresor. Llama la atención el incremento de la fuerza pública como presunto agresor, en 2005 se registraron 24 hechos y en 2009, 170.
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Es pertinente hacer referencia a la información sobre violencia sexual contenida en el Auto 092/2008. La Corte Constitucional remite a la Fiscalía 183 hechos de violencia sexual. Los delitos tipificados por la Corte se distribuyen en 107 casos de violación, 36 de tortura, 35 de secuestro, 35 de homicidio, 21 de abuso sexual, 21 de retención ilegal, 12 de esclavización, 11 de desplazamiento, 9 de mutilación, 7 de violencia sexual, 7 de acceso carnal violento y 7 de amenaza.
El mayor número de los hechos de violencia sexual remitidos por la Corte a la Fiscalía se encuentran en el departamento de Antioquia, con un total de 75; Santander, con 28; Cauca, 23; Bolívar, 22; Valle del Cauca, 22; Arauca, 21 y Putumayo, 19. Los restantes hechos se distribuyen en otras ciudades en rangos de 13 a 1 caso. Es importante precisar que el número de delitos tipificados y el número de hechos por ciudad no corresponde a los 183 remitidos por la Corte a la Fiscalía, dado que una mujer pudo haber sido víctima de más de un delito.
En relación con los presuntos responsables, en 79 casos son los paramilitares; en 26, las AUC; en 41, la fuerza pública; en 17, la guerrilla; en 14, otros actores y en 6, el presunto responsable es un actor armado no determinado, para un total de 183 casos . Es necesario precisar que no se pueden contrastar las cifras del INMLCF y las contenidas en el Auto 092/2008 porque responden a períodos diferentes, y porque la información del Instituto es resultado de los exámenes sexológicos y la de la Corte es de las víctimas o de organizaciones que promueven sus derechos.
Ahora bien, pese a la inexistencia de información cuantitativa respecto a la violencia sexual en contra de las mujeres pertenecientes a los grupos étnicos y raciales, en los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia se manifiesta el haber recibido testimonios de niñas víctimas de violencia sexual por parte de los actores armados (grupos guerrilleros, paramilitares y agentes de la Fuerza Pública). En estos informes también se da cuenta de la vulneración de los derechos sexuales de mujeres menores de edad vinculadas a estos grupos. En relación a los hechos de violencia sexual en contra de las mujeres, llevados a cabo por los actores armados, es necesario mencionar: la violación sexual, la esclavización sexual, la obligación a usar métodos anticonceptivos o a abortar, la prostitución forzada y la trata de personas (Consejo de Derechos Humanos - Asamblea General Naciones Unidas; 2002 – 2009).
De acuerdo con el informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana realizado por el Observatorio de discriminación racial de la Universidad de los Andes, en la población afrocolombiana las mujeres sufren en mayor medida las consecuencias derivadas del fenómeno del conflicto armado interno. Entre las consecuencias más sobresalientes están las agresiones físicas, la violencia sexual y la discriminación. Por ejemplo, “el 31% de las mujeres afro relató haber recibido agresiones físicas durante el desplazamiento. Más de la mitad de las mujeres negras encuestadas (el 58,62%) afirmaron conocer casos de agresiones en contra de otras mujeres afro descendientes desplazadas (...) Muchas de estas mujeres afro desplazadas que fueron encuestadas revelaron además haber sido víctimas de agresiones motivadas por su color de piel (el 63,79%) y por su contextura física (el 24,13%)”. Además, “más del 20% de las mujeres encuestadas afirmó haber sido víctima de violación sexual o de chantajes sexuales” (RODRÍGUEZ GARAVITO, César; 2009:104).
Para la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, las mujeres son usadas por los actores armados para “sembrar el terror o demostrar su poderío y control sobre el territorio”. Es pertinente mencionar que los informes más recientes permiten establecer que los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares continúan cometiendo actos de violencia sexual y creando redes de prostitución, de trata de personas y de esclavitud sexual, en algunas ocasiones con la tolerancia e incluso colaboración de algunos miembros de la fuerza pública (Consejo de Derechos Humanos –Asamblea General Naciones Unidas; 2002 – 2009).
Otro de los grupos en situaciones de vulnerabilidad en el contexto del conflicto armado es el de las “minorías sexuales” que han visto afectados sus derechos y su integridad al ser víctimas de lo que se conoce como ‘limpieza social’ aunque la tendencia en las investigaciones es a no saber quién o quiénes son los autores de tales hechos. Mientras los miembros de grupos armados ilegales han sido denunciados por hostigamiento a esta población, los agentes de policía lo han sido por detenciones arbitrarias, tratos crueles y degradantes.
En este sentido, de acuerdo con los informes de derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y trangeneristas en Colombia elaborados por la Organización “Colombia diversa” para los años 2005- 2007, el Estado colombiano aún no ha tenido en cuenta a la población LGBT como grupo vulnerable y en riesgo. Ello en vista de que no hay un evidente interés por los crímenes que se cometen en contra de este sector de la sociedad y de los pocos registros que se llevan. Así mismo, los informes señalan que persiste un fuerte rechazo de las instituciones hacia esta población, lo cual se demuestra en que no se han preparado para entender las diferencias de género ni en cómo algunas prácticas culturales ponen en mayor riesgo a las minorías sexuales de este país (Colombia Diversa; 2005:22; Colombia Diversa; 2006-2007:204).