LEGISLACION, POLITICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
Respecto a la legislación, las políticas y los programas de gobierno:
Reformar el contenido del marco jurídico existente destinado a proteger los derechos de las mujeres, tanto civil como penal, con el fin de armonizarlo con los principios consagrados en la Convención Americana, la Convención de Belém do. Pará y la CEDAW, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
Implementar la legislación nacional y las políticas públicas existentes destinadas a proteger a las mujeres de actos de violencia y discriminación. Asignar suficientes recursos para enfrentar consecuencias en materia política, económica, y social, y lograr la correspondiente reglamentación para asegurar su implementación efectiva en todo el territorio nacional.
Crear y fortalecer programas de capacitación para funcionarios públicos en los sectores de la justicia y de la policía sobre la implementación efectiva del marco jurídico y de las políticas públicas existentes, mediante medidas destinadas a garantizar su sostenibilidad e institucionalización.
Identificar y crear indicadores y sistemas interinstitucionales de vigilancia sobre la implementación de la legislación y las políticas destinadas a prevenir y erradicar los efectos de la violencia y la discriminación en contra de las mujeres.
Crear mecanismos interinstitucionales de coordinación y diálogo entre los programas y servicios nacionales y locales destinados a mujeres víctimas de violencia y discriminación.
Estos mecanismos deben favorecer la coordinación entre todos los programas a nivel nacional y local.
Asignar un mayor número de recursos estatales a las entidades responsables de prestar servicios de naturaleza legal, psicológica y social a mujeres víctimas de violencias.
Implementar políticas públicas y crear instituciones destinadas a abordar la violencia y la discriminación que las mujeres sufren en zonas rurales, marginadas y en desventaja económica. Integrar equipos multidisciplinarios de trabajo para determinar la dimensión del problema de la violencia y la discriminación en estas zonas, e identificar estrategias integrales para atenderlo.
Adoptar las medidas requeridas para completar la ratificación e implementación de la
Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y el Protocolo de la CEDAW.
Crear mecanismos para incrementar la participación de las mujeres en los sistemas electorales, en los cargos públicos y en especial en los sistemas de administración de justicia. Garantizar a través de los mecanismos adecuados la nominación de mujeres para los tribunales superiores de justicia, Corte Suprema y Corte Constitucional.
Nominar mujeres para ocupar cargos en los organismos del sistema interamericano de derechos humanos, como la CIDH y la Corte Interamericana, con el fin de lograr un mayor equilibrio en la representación de hombres y mujeres en estas instancias.
Teniendo en cuenta la situación de las mujeres en el periodo analizado, el conjunto de recomendaciones de la Corte Interamericana de derechos humanos y los informes anuales de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los cuales se evalúan los avances del Estado en garantizar el acceso a la justicia por parte de las mujeres, podemos afirmar que el Estado colombiano incumple de manera sistemática, acuerdos y declaraciones internacionales que ha suscrito y ratificado tales como: la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia en contra de las mujeres. Estos instrumentos, como se mencionó anteriormente, afirman el derecho de las mujeres a acceder a un recurso judicial sencillo y eficaz que cuente con las debidas garantías cuando denuncian hechos de violencia, así como la obligación de los estados a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos hechos. Sopena que el Estado sea responsable internacionalmente por denegación de la justicia de acuerdo con el artículo 1 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Del lado de las mujeres existen obstáculos que contribuyen a des-estimular la denuncia de los delitos cometidos en contra de ellas y por lo tanto a no disponer de información oportuna y confiable. Limitaciones como: el no reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y como víctimas; la desconfianza frente a las instituciones estatales; el temor a la estigmatización y la re-victimización; la naturalización de las violencias; el miedo y el silencio; el desconocimiento de las instituciones responsables para la protección, la prevención, la atención, la investigación y la sanción de las violencias y de los mecanismos para la exigibilidad de su derecho a una vida libre de violencias.